En un capítulo más de la tensa relación entre el Gobierno de Chubut y sectores empresarios de la pesca, sobre todo los vinculados con la poderosa Flota Amarilla de Rawson, se produjo el martes por la tarde una reunión en la Casa de Gobierno en Rawson que reunió a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y a los representantes legales de las cámaras pesqueras de Chubut, durante la cual se habló del proyecto de nuevo régimen pesquero que las empresas rechazan.

Aunque en un principio se especuló que el gobernador Nacho Torres iba a ser parte de la reunión, finalmente no llegó a tiempo desde Comodoro Rivadavia y el encuentro en Fontana 50 lo presidió Diego Brandan, el flamante secretario de Pesca, a quien lo acompañaron Emiliano Chialva, asesor general de Gobierno y -aseguran- mentor jurídico de la nueva ley; Alejandro Pettovello, coordinador de la mesa pesquera; y el exsecretario y actual representante de Chubut en el Consejo Federal Pesquero, Andrés Arbeletche.

Del lado del sector pesquero hubo algunos empresarios de Rawson y Comodoro, pero las voces cantantes fueron los abogados Diego Martínez Zapata y Diego González Lernoud, asesores legales de la Cámara de la Flota Amarilla (CAFACh) y de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP).

La charla fue en buenos términos y casi centrada en aspectos legales y técnicos de la nueva norma que ya fue ingresada a la Legislatura el viernes pasado pero que, por ahora, no tiene estado parlamentario.

Los representes legales de las dos principales cámaras pesqueras de Chubut dejaron en claro que buena parte del corazón de la ley tendría problemas para ser implementado y violarían derechos constitucionales.

Tanto Chialva como Brandan escucharon los comentarios y pidieron a las cámaras que propusieran las modificaciones que consideraran, y luego el Gobierno tomará una decisión final.

Que el Gobierno haya convocado a una reunión para hablar del proyecto y luego pidiera sugerencias para -eventualmente- modificarlo, abrió una puerta que hasta ahora parecía cerrada.

Qué se discute

La modificación del régimen pesquero provincial que ingresó a la Legislatura con la firma del gobernador Torres incorpora mayores controles al sector empresario y crea la denominada “Ficha Limpia Pesquera” para el otorgamiento y mantenimiento de permisos.

La iniciativa, además, pretende actualizar la normativa vigente ante casos de inactividad de permisos, incumplimientos y maniobras irregulares, y busca ordenar el sistema de autorizaciones de captura bajo criterios de legalidad, transparencia e integridad.

Entre los cambios centrales, se establecen nuevas causales de suspensión y caducidad de permisos —incluida la quiebra del titular, la inactividad injustificada o la defraudación fiscal— y se refuerzan las facultades de control de la autoridad de aplicación. Este tema en particular fue uno de los puntos que las cámaras rechazan. Tanto Martínez Zapata como González Lernoud expresaron sus reparos sobre este punto.

El proyecto también obliga a justificar la inactividad de los buques, habilita la suspensión de permisos por deudas, incumplimientos o negativa a inspecciones, y prevé la inhabilitación de empresas o personas con condenas por delitos dolosos vinculados a la actividad.

Como novedad, se crea el Régimen de Ficha Limpia Pesquera, que exigirá antecedentes fiscales y administrativos para acceder, renovar o transferir permisos y cuotas, junto con un Registro Provincial público y digital con el historial de permisos y sanciones del sector.