El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes en Casa de Gobierno la firma del Consenso Fiscal Provincial, un acuerdo con intendentes y jefes comunales que apunta a ordenar las cuentas públicas y avanzar en una reducción progresiva y armonizada de las alícuotas de Ingresos Brutos en toda la provincia.
El pacto se da en un contexto de caída de ingresos por regalías hidrocarburíferas y coparticipación nacional, y establece criterios de responsabilidad fiscal, adecuando el gasto público a los ingresos reales y promoviendo un manejo equilibrado del presupuesto tanto a nivel provincial como municipal.
Durante el acto, desarrollado en el Salón de los Constituyentes, Torres destacó la importancia del acuerdo en un escenario económico adverso. “Logramos ponernos de acuerdo para construir una matriz fiscal que invite a más inversiones, mejore la calidad crediticia y garantice que los recursos de los contribuyentes estén bien administrados”, señaló.
En ese marco, el mandatario presentó además los resultados del Plan de Desendeudamiento impulsado desde diciembre de 2023, que permitió reducir de manera sostenida la deuda provincial y reactivar obras prioritarias paralizadas por el Gobierno Nacional. Según detalló, Chubut canceló completamente la deuda del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y redujo el stock total de deuda de 849 a 523 millones de dólares.
Torres remarcó que el ordenamiento fiscal es una premisa básica de gestión. “Ni la Provincia ni los municipios pueden gastar más de lo que les ingresa. No es una cuestión ideológica, sino de sentido común”, afirmó, subrayando la necesidad de un trabajo conjunto para brindar previsibilidad en un contexto de crisis económica.
El Gobernador también se refirió al impacto financiero de las emergencias que atraviesa la provincia, particularmente en la Cordillera, y señaló que el esfuerzo fiscal es clave para afrontar obras de infraestructura, asistencia a municipios y acompañamiento a las familias afectadas.
Finalmente, confirmó que la Provincia avanzará con un reclamo judicial ante la Corte Suprema por fondos previsionales adeudados por la Nación, estimados en más de 50.000 millones de pesos, destinados a la Caja Previsional.
