Las cámaras empresarias del sector pesquero presentaron una serie de modificaciones al proyecto de ley N° 005/26, conocido como iniciativa de “Ficha Limpia” pesquera, que actualmente se encuentra en tratamiento en la Legislatura del Chubut. Las propuestas serán analizadas en comisión este jueves y, según lo previsto, este viernes a las 9 los diputados avanzarán en el estudio de los planteos para evaluar su incorporación al texto final.

Desde el sector indicaron que los cambios buscan resguardar derechos adquiridos, reforzar la seguridad jurídica y adecuar la normativa a principios constitucionales y tributarios, sin apartarse del objetivo de fortalecer la transparencia y el control en la actividad.

Uno de los ejes centrales de la propuesta está vinculado a la caducidad de permisos. Las cámaras plantean que esta medida solo proceda ante una quiebra firme o por las causales específicas contempladas en el artículo 56 del proyecto. En ese sentido, remarcan que los permisos actualmente vigentes deben mantener su validez, evitando interpretaciones que puedan afectar situaciones ya consolidadas.

En relación con la inactividad de los buques, se propone que los armadores puedan justificarla ante la autoridad de aplicación dentro de un plazo de 120 días. Entre las causas admitidas se contemplan situaciones de fuerza mayor, restricciones portuarias, litigios pendientes u otras circunstancias objetivas que impidan operar con normalidad. Asimismo, se sugiere que la inactividad pueda extenderse entre una y tres temporadas, dependiendo de la especie y del tipo de operatoria.

Respecto de la suspensión de permisos, el planteo empresario sostiene que solo debería aplicarse ante causas fundadas, como la negativa a inspecciones, la falta de pago de aranceles, incumplimientos graves contractuales o la omisión en la entrega de libros de materia prima. Además, se propone que la suspensión tenga un plazo máximo de una temporada y que pueda revisarse si cesan los motivos que la originaron.

En cuanto a las causales de caducidad definitiva, las cámaras enumeran la quiebra sin continuidad de la actividad, la inactividad injustificada, la defraudación fiscal dolosa, la reiteración de omisiones graves y el incumplimiento de normas de seguridad. No obstante, subrayan que esta sanción debe aplicarse como última instancia, evaluando el impacto sobre las empresas, los trabajadores y la economía regional.

Finalmente, otro de los puntos señalados es que el registro sancionatorio previsto en el proyecto solo se aplique a hechos posteriores a la eventual sanción de la ley, evitando efectos retroactivos. El debate legislativo se da en un contexto de fuerte expectativa dentro de uno de los sectores productivos más relevantes de la provincia, con impacto directo en puertos como Rawson y Puerto Madryn, y definirá el alcance de una norma que busca reforzar los controles en la actividad pesquera sin afectar la continuidad operativa del sector.