El caso conocido como la “Masacre de Punta Tombo” entró en su etapa final. Este martes se realizó en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut la audiencia de impugnación extraordinaria, en la que la Fiscalía solicitó que se ratifique la condena contra el productor ganadero Ricardo La Regina, mientras que la defensa pidió su absolución. Tras escuchar a todas las partes, el máximo tribunal provincial comenzó a deliberar y ahora deberá definir el fallo.
La audiencia se desarrolló en la sala del STJ, con la participación de los cinco ministros: Javier Raidan, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Camila Banfi y Mario Vivas. En primer lugar, el abogado defensor, Federico Ruffa, expuso sus argumentos y solicitó la revocación de la sentencia condenatoria dictada en instancias anteriores.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, representado por las fiscales Florencia Gómez y Silvia Pereira, rechazó ese planteo y defendió la validez de la prueba reunida durante el proceso. En esa línea, pidieron que se confirme la condena ya ratificada por la Cámara Penal de Trelew.
También se pronunciaron en el mismo sentido los querellantes, tanto desde la Fiscalía de Estado como desde organizaciones ambientalistas, quienes consideraron que no corresponde hacer lugar al planteo de la defensa.
Un fallo clave para el derecho ambiental
La causa investiga hechos ocurridos entre agosto y diciembre de 2021 en un campo cercano a la reserva de Punta Tombo, una de las colonias de pingüinos de Magallanes más importantes del mundo. Según la investigación, en ese período se realizaron trabajos con maquinaria pesada y se instalaron alambrados electrificados sin autorización, en plena temporada reproductiva.
La Regina fue condenado a 4 años de prisión por daño agravado —en tres hechos— y por crueldad animal, en un fallo que fue confirmado en segunda instancia. Ahora, el Superior Tribunal debe resolver si mantiene esa condena o introduce modificaciones.
Desde la Fiscalía destacaron que se trata de uno de los casos más relevantes en materia de derecho penal ambiental en el país. En ese sentido, la decisión del máximo tribunal no solo definirá la situación del acusado, sino que también podría sentar un precedente clave sobre la responsabilidad penal en delitos contra el ambiente y la fauna silvestre protegida.
