Se trata de Alberto Vargas, quién habría pedido 300 mil dólares a un empresario para aprobar el final de obra de un hotel en Pirámides.

La denuncia es de septiembre de 2018 formulada por el propio empresario, y con los elementos recolectados en la investigación, el último viernes, se procedió al allanamiento de su vivienda particular en busca de documentación.

Este martes a las 10.30, será la audiencia de formulación de cargos para con el ex funcionario de la gestión Buzzi.

El tráfico de influencias está penado por la ley y de encontrarse culpable, le cabría una pena que va de 1 a 6 años de prisión además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez, dijo que la imputación es inusualaunque existen elementos que comprometerían a Vargas y a una mujer que habría oficiado de intermediaria, identificada como Marcela Montero.