El Gobierno nacional reglamentó este miércoles, a través del Decreto 366/25, una reforma a la Ley de Migraciones que modifica el acceso de personas extranjeras a derechos básicos, redefine condiciones de residencia y habilita mecanismos más ágiles de expulsión. La norma ya fue publicada en el Boletín Oficial y afecta a quienes ingresen, residan o permanezcan en el país bajo distintas categorías migratorias.

Entre los principales puntos, el decreto impone el arancelamiento de los servicios de salud y faculta a universidades públicas a cobrar a estudiantes extranjeros. Si bien garantiza atención en situaciones de emergencia, fuera de esos casos los migrantes deberán presentar un seguro o pagar por la atención médica.

Además, la reforma endurece los requisitos para acceder a la ciudadanía y detalla causas por las que se podrá cancelar la residencia y proceder a la expulsión del país. Entre ellas figuran condenas por delitos dolosos, documentación falsa, fraudes migratorios o estancias prolongadas fuera del país.

La medida se fundamenta en el objetivo de reforzar el control migratorio y, según el Ejecutivo, prevenir una eventual “saturación” de servicios estatales ante ingresos “descontrolados” al territorio nacional. La Dirección Nacional de Migraciones será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de otorgar o revocar residencias precarias durante los trámites.