El Gobierno nacional oficializó este jueves la eliminación del asueto del 27 de junio por el Día del Empleado Público, una jornada de descanso instaurada por ley en 2013. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 430/25, firmado por el presidente Javier Milei y todo el Gabinete, y ya generó una fuerte respuesta del gremio ATE, que llamó a los trabajadores estatales a no acatar la decisión y anticipó posibles medidas de fuerza.

Durante la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó la decisión y sostuvo que “el Estado no debe gozar de privilegios que el trabajador del sector privado no tiene”. Agregó además que el día no laborable “se paga con el sueldo de cada contribuyente” y que esta decisión “allana el camino de libertad para los argentinos”.

En el decreto, el Gobierno argumentó que “no es adecuado que la Administración Pública no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad”. También remarcó que se busca “restituir el valor de la cultura del trabajo” a través de este tipo de decisiones.

Desde ATE Nacional, en cambio, rechazaron la medida y llamaron a los estatales a tomarse igual el día de descanso. “Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución”, afirmó el secretario general Rodolfo Aguiar, quien acusó al Gobierno de querer castigar a los trabajadores del Estado “por no haberse entregado”.

El gremio no descartó realizar un paro este viernes y convocó a una conferencia de prensa a las 12 en la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, ATE instó a gobernadores e intendentes a mantener la jornada no laborable en sus respectivas jurisdicciones, ya que la medida sólo afecta a la Administración Pública Nacional.

Pese a que la eliminación del asueto rige desde hoy, el propio decreto aclara que el 27 de junio “no será considerado como día hábil administrativo”, para no afectar el cómputo de plazos legales.