Bajo un amplio operativo de seguridad, la Justicia dictó un mes de prisión preventiva para los acusados del doble crimen de Comodoro Rivadavia. La audiencia de control de detención y apertura de la investigación se realizó el sábado a la tarde en el barrio Roca, en el marco de la causa por el asesinato de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio.
El fiscal Julio Puentes, acompañado por el funcionario de fiscalía Franco Tavano, solicitó la legalidad de la detención, la formalización de la investigación y la prisión preventiva para los coimputados Nadir V. y Eric Isaac E., acusados de ser coautores de un doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Según la acusación, el hecho ocurrió el pasado 22 de abril, alrededor de las 3:14 de la madrugada, cuando los imputados se movilizaban en un Volkswagen Vento y se detuvieron junto al vehículo de las víctimas, en el barrio Pueyrredón. Allí, efectuaron al menos 13 disparos, impactando contra Nieves y Asencio. El primero falleció en el acto, mientras que la joven murió minutos después, antes de recibir asistencia médica.
“No fue un enfrentamiento armado, fueron ultimados en el auto sin defensa”, remarcó el fiscal, quien además sostuvo que la hipótesis de la Fiscalía es que los imputados fueron enviados a cometer el crimen.
Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó la existencia de pruebas contundentes, entre ellas testimonios, registros de cámaras de seguridad, elementos secuestrados en 16 allanamientos —como armas de fuego, municiones y teléfonos celulares—, además de posibles vínculos con otro
Por su parte, las defensas no se opusieron a la legalidad de las detenciones, pero sí rechazaron la formalización de la investigación y la prisión preventiva. Los acusados negaron su participación en el hecho, mientras sus abogados cuestionaron la solidez de las pruebas y pidieron la libertad o, en su defecto, arresto domiciliario.
Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro resolvió declarar legal la detención de ambos imputados, autorizar la apertura de la investigación y dictar prisión preventiva por un mes. La decisión se fundamentó en la gravedad del delito y los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
