La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó las recientes recomendaciones tributarias formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y advirtió que las medidas sugeridas tendrían un impacto negativo sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin abordar los problemas estructurales que afectan a la producción y la inversión.

El organismo internacional propuso ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores, extender el alcance del IVA a bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías. Desde CAME consideraron que estas iniciativas tienen un carácter regresivo, ya que incrementan la carga tributaria sobre los ingresos y el consumo, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares.

En contrapartida, la entidad empresaria sostuvo que el verdadero problema tributario argentino se encuentra en el sistema impositivo subnacional, particularmente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y en las tasas municipales que gravan la actividad económica.

Según señaló CAME, estos tributos representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad. Además, remarcaron que Ingresos Brutos funciona como un impuesto en cascada, ya que se aplica en cada etapa de la cadena productiva, generando un efecto acumulativo que termina encareciendo los costos.

La entidad también puso el foco en los regímenes de retención y percepción aplicados por las provincias. De acuerdo con el comunicado, las empresas suelen sufrir descuentos anticipados que superan el impuesto que finalmente deberían pagar, generando saldos a favor difíciles de recuperar.

En muchos casos, explicaron, las devoluciones demoran entre uno y tres años, lo que provoca una fuerte pérdida de valor de esos fondos debido a la inflación. Para CAME, este mecanismo termina funcionando como un financiamiento involuntario de las empresas hacia los fiscos provinciales.

A esto se suman las tasas municipales, como las de Seguridad e Higiene, habilitación comercial y otras contribuciones que, según la entidad, en numerosos municipios se calculan sobre las ventas sin una relación clara con los servicios efectivamente prestados.

Frente a este escenario, CAME propuso impulsar un nuevo Consenso Fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios. El objetivo sería avanzar en una reforma estructural que armonice las bases imponibles, los regímenes de retención y los mecanismos de devolución de saldos a favor, generando reglas homogéneas y previsibles para las empresas de todo el país.

Desde la entidad concluyeron que cualquier discusión sobre competitividad y crecimiento económico debería comenzar por revisar los tributos provinciales y municipales que, a su entender, constituyen uno de los principales obstáculos para la inversión, la producción y la generación de empleo formal.