El convenio con YPF por su salida de Comodoro Rivadavia, que contempla la transferencia al Estado provincial de más de 45 propiedades, 102 vehículos y una compensación económica superior a los 85 millones de dólares deberá ser aprobado por los diputados provinciales. Mientras el Gobierno asegura que los bienes tendrán un destino social, desde Comodoro insisten en que el patrimonio debe quedar bajo la órbita municipal.

La discusión por el destino de los bienes que YPF dejará tras su salida de la Cuenca del Golfo San Jorge ingresará en una nueva etapa cuando el acuerdo firmado entre la petrolera y el Gobierno del Chubut llegue a la Legislatura para su tratamiento.

Allí ya no alcanzarán los cruces por redes sociales ni las declaraciones públicas. El convenio deberá ser analizado por los diputados provinciales, quienes tendrán acceso al inventario completo de los bienes, la documentación de las cesiones, las auditorías ambientales y los cargos previstos para cada uno de los inmuebles.

El ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, confirmó  que el expediente será remitido en las próximas horas y sostuvo que el debate permitirá conocer el destino previsto para cada uno de los activos incorporados al acuerdo.

Más de 45 inmuebles y un beneficio superior a los U$S 85 millones

Según explicó el funcionario, el convenio contempla una compensación económica de 25 millones de dólares, la transferencia de 102 vehículos destinados principalmente a reforzar las áreas de seguridad y servicios públicos y el traspaso de más de 45 inmuebles, entre tierras, edificios y predios que actualmente pertenecen a YPF. En conjunto, el Gobierno provincial estima que el acuerdo supera los 85 millones de dólares.

Ponce sostuvo que el objetivo fue evitar que esos bienes terminaran siendo vendidos a privados una vez concretada la salida de YPF de la cuenca. «Si no actuábamos con rapidez, tarde o temprano la empresa podía desprenderse de esos activos», explicó al justificar la negociación encarada con la petrolera.