La amenaza escrita que obligó a evacuar un establecimiento educativo de Puerto Madryn terminó de empujar una discusión que ya venía creciendo en voz baja. La presencia de personal especializado en explosivos, la alarma dentro de la escuela y el antecedente de otros episodios recientes colocaron a la ciudad frente a una escena que dejó de ser excepcional. A partir de ahí, el Bingo Municipal se convirtió en sede de una reunión amplia entre actores judiciales, municipales, educativos y de seguridad para intentar ordenar una respuesta común.

El eje de ese encuentro no quedó limitado al hecho puntual de la jornada. Lo que se puso sobre la mesa fue una secuencia de situaciones que incluye amenazas, violencia entre estudiantes, conflictos amplificados por redes sociales y nuevas formas de exposición de chicos y adolescentes a dinámicas que los adultos muchas veces no alcanzan a comprender del todo. En ese contexto, la pregunta ya no pasa sólo por quién escribió una amenaza o cómo se actúa ante una evacuación, sino por qué se acumulan estos emergentes y qué herramientas concretas tiene hoy la comunidad para intervenir antes de que todo escale.

Desde el municipio, Roberto Neme planteó que la discusión obliga a revisar viejos esquemas sobre el papel de la familia y de la escuela. Señaló que durante mucho tiempo se pensó que la socialización primaria pertenecía al hogar y que la secundaria quedaba en manos del sistema educativo, pero sostuvo que ese reparto cambió. Según explicó, las redes sociales alteraron la parte formativa, instalaron otros consumos y otras influencias, y obligan a las instituciones a redefinir permanentemente cuál es la función que cumplen.

Ese cambio también impacta en la vida cotidiana dentro de las aulas. Neme sostuvo que “la escuela no hace más que reflejar lo que estamos viviendo a nivel de la sociedad” y advirtió que, frente a chicos que llegan con otras formas de vinculación, otras intensidades y otros estímulos, las instituciones muchas veces sienten que trabajan desbordadas. Allí ubicó una tensión central de este tiempo: la escuela sigue siendo un espacio de presencia adulta indispensable, pero ya no puede actuar como si todo lo decisivo ocurriera únicamente dentro de sus paredes.

Las redes sociales ocuparon un lugar central en el análisis porque aparecen como amplificadoras de conflictos, amenazas y conductas violentas. Neme explicó que su regulación dentro de las escuelas empieza a instalarse como una idea generalizada, aunque aclaró que la prohibición aislada no resuelve el problema de fondo. “Tenemos que diseñar políticas efectivas”, dijo, y ligó esa necesidad a un trabajo más profundo sobre el uso responsable de redes, el efecto que tienen sobre la subjetividad y la aparición constante de desafíos nuevos vinculados incluso con la inteligencia artificial.

En la misma línea, el defensor público penal Lucio Hernán Brondes definió el escenario como “una cuestión emergente y una cuestión recurrente”. Para él, la convocatoria de esta mesa no respondió sólo a un caso de alto impacto público, sino a una cadena de hechos que vienen repitiéndose con distintas intensidades y formatos. Por eso insistió en que los organismos judiciales, administrativos y de la sociedad civil deben involucrarse al mismo tiempo, con una lógica preventiva y no únicamente reactiva.

Brondes marcó, además, un límite importante sobre el rol del sistema judicial. Señaló que cuando un conflicto ya ingresó a esa órbita, la capacidad de prevención prácticamente llega tarde, porque lo que domina entonces es la respuesta sobre el daño consumado o sobre una conducta que ya explotó. Desde esa mirada, la reunión buscó evitar justamente eso: que cada episodio termine siendo arrojado a la Justicia como si ese fuera el único mostrador disponible para problemas que en realidad empiezan mucho antes y en otros lugares.

La descripción que hizo sobre las adolescencias también fue cruda y directa. Afirmó que “las niñezas y las adolescencias están en crisis” y vinculó ese cuadro con consumos problemáticos cada vez más tempranos, apuestas online, grupos organizados para pelearse y otras formas de violencia que hoy circulan entre chicos con una velocidad distinta a la de otros años. En ese punto, el problema dejó de leerse como un asunto aislado de una escuela determinada para adquirir dimensión de fenómeno social más amplio.

Dentro de la reunión también apareció con fuerza la necesidad de volver a comprometer a las familias, aunque sin reducir toda la explicación a una mirada nostálgica o simplista. Tanto Neme como Brondes plantearon que la familia sigue siendo una configuración de apoyo central, pero aceptaron que su forma actual presenta fisuras, límites y reacomodamientos que obligan a pensar nuevas dinámicas de acompañamiento. La salida, según se desprende de ambas intervenciones, no pasa por repartir culpas entre escuela, hogar, municipio o Justicia, sino por construir un esquema donde cada actor sepa a quién llamar, qué hacer y hasta dónde llega su responsabilidad.

Por eso Brondes remarcó que el objetivo del encuentro era que “no sea un espacio catártico, sino disparador de muchas cuestiones”. La mesa no quedó planteada como una foto de preocupación ni como un gesto defensivo frente al caso del día, sino como el inicio de nuevas reuniones, plenarios y compromisos periódicos para verificar qué medidas se toman, cuáles funcionan y cuáles no. La señal que dejó la jornada en Madryn no garantiza soluciones rápidas, pero sí marca algo que hasta hace poco aparecía mucho más desordenado: la decisión de que la violencia entre chicos, las amenazas escolares y los conflictos que nacen o se expanden en redes ya no se sigan empujando de oficina en oficina sin una estrategia común.