La Cámara Penal de Trelew integrada por los jueces Alejandro Defranco, Roberto Barrios y César Zaratiegui resolvieron en torno a las personas enjuiciadas y condenadas en primera instancia en la llamada causa Revelación por hechos de corrupción.

En la audiencia hubo definiciones importantes y cambios en las penas de algunos de los condenados.

En primera instacia se consideró probado que el dueño de Industrias Bass de Trelew, Martín Castillo, le pagó 100 mil pesos a Diego Correa como retorno, pero consideraron que no hay evidencia que el empresario haya “buscado” por su cuenta al funcionario para corromperlo, como exige la figura de cohecho activo. Por tal motivo fue absuelto.

Por otra parte, el exministro de Infraestructura de la tercera gobernación de Mario Das Neves Alejandro Pagani fue absuelto de tres coimas de las que estaba acusado. Sin embargo, se le confirmó por mayoría del tribunal la condena por su participación en la asociación ilícita, debiéndose ahora redefinir la pena de 4 años y 8 meses que le habían impuesto en primera instancia.

Otro de los exfuncionarios involucrados es Pablo Oca. La Cámara sostuvo la condena de 3 años de prisión al exministro de Economía como miembro de la asociación ilícita y por exacciones ilegales, en concurso real con cohecho pasivo. En la próxima audiencia se deberá definir si la pena será efectiva o condicional, como pidió su abogado Fabián Gabalachis.

Por su parte, Victor Cisterna tendrá una rebaja de su pena ya que la Cámara consideró que su pena fue “desproporcional”, en relación a otros imputados.

Además, la Cámara confirmó las condenas del ex ministro de Familia, Martín Bortagaray, a 4 años y 8 meses de prisión, por ser miembro de la asociación ilícita y por el delito de cohecho pasivo. lo mismo ocurrió con la condena al ex secretario privado de la Gobernación, Gonzalo Carpintero, a 3 años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. A Diego Luthers le ratificaron la condena a 3 años de prisión, por ser miembro de la asociación ilícita.

En estos últimos tres condenados fue ratificada la tesis de la Fiscalía donde indica que los exfuncionarios “operaron con un nivel de impunidad superlativo, amparados por las bondades del poder”.

La sentencia habla de “codicia, pago de sobresueldos y financiamiento de un partido político, lo que mina sin lugar a dudas la confianza del ciudadano en la democracia y dinamita las ya alicaídas esperanzas en el sistema representativo de gobierno”.