Durante el plenario, se escuchó la exposición del vicepresidente de Enacom, Gustavo López quien defendió el DNU 690/20 y también la mirada de varios especialistas. En el debate, Alfredo Luenzo, titular de la comisión de Medios, remarcó que «el acceso a internet es uno de los derechos humanos básicos» y llamó a «un diálogo maduro» con todo el ecosistema y a «seguir desde el Estado cumpliendo con el objetivo que es el de la inclusión digital».

Con el plenario remoto de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, el Senado de la Nación comenzó con el tratamiento de distintos proyectos de ley que proponen declarar como servicio público esencial y estratégico en competencia a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones, reafirmando de esta manera el espíritu del DNU 690/20 del Presidente Alberto Fernández. Se propone, además, ratificar por ley la prestación básica universal que también fue establecida en este mismo decreto para reafirmar a nivel nacional un plan de servicio mínimo y de tarifa básica para quienes perciben ingresos menores a dos salario mínimo, vital y móvil, los sectores más desprotegidos de la Argentina.

Durante el encuentro, el titular de la Comisión de Sistemas y Medios y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, puso a consideración un proyecto de ley de su autoría que fue presentado en las últimas semanas y que venía siendo trabajado por el equipo de asesores de la comisión, en conjunto con otras cinco iniciativas que fueron elevadas por senadores nacionales de distintos bloques de la cámara alta. Además del proyecto de Luenzo, también fueron presentadas hoy las propuestas de Juan Carlos Marino y Nancy González de Juntos por el Cambio y de Silvia Sapag, Daniel Lovera y Antonio Rodas del Frente de Todos. En la primera jornada de debate, expusieron el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López; el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, y los especialistas Bernadette Califano, investigadora del CONICET, y Henoch Aguiar, exsecretario de comunicaciones y exvicepresidente de ARSAT.

En el inicio del plenario, Luenzo expresó que «el acceso a internet es uno de los derechos humanos básicos, que también consagra otros derechos como durante la Pandemia ha quedado demostrado» y subrayó que «Argentina tiene una deuda pendiente con todo el interior donde la brecha digital es significativa». Sin embargo, destacó el trabajo de ENACOM y la decisión del Presidente de la Nación de poner en marcha una inversión de 40 mil millones de pesos para recuperar la Fibra óptica federal para «seguir desde el Estado cumpliendo con el objetivo que es el de la inclusión digital».

En ese marco, lamentó que «para todos aquellos que vivimos en la Argentina profunda la conectividad no está en los cálculos de la economía de mercado bajo ningún punto de vista». A continuación. Por ello, llamó a «un diálogo maduro» y a «trabajar juntos el sector público y el privado». «Este es el gran desafío para que la conectividad no siga siendo natural en los grandes centros urbanos mientras que en el interior donde más se necesita de ella hoy no es posible», explicó.

Luenzo afirmó que «es un tema de política de Estado y con este tipo de iniciativas queremos consolidar definitivamente junto a todos los actores que tiene el ecosistema» y  recordó que «el Estado es titular y responsable del espacio radioeléctrico».  Resaltó también que «el espíritu del DNU 690/20 tenía un principio de progresividad en las comunicaciones que es un mandato constitucional y que nos corresponde a nosotros como legisladores poder consolidarlo en cada una de aquellas normas que vamos dictando y particularmente en esta de las comunicaciones, que hoy es un eje central».

LA PALABRA DE LOS EXPOSITORES

En su presentación, *el vicepresidente de ENACOM, Gustavo López,* se refirió al DNU 690/20 del presidente Alberto Fernández, ratificado por el Senado de la Nación. Remarcó que su texto «parte de la base de que las telecomunicaciones en general, estamos hablando de todos los servicios de telecomunicaciones, son un derecho humano básico y por ende a partir de esta concepción el Estado debe estar haciendo acciones positivas para garantizar el acceso universal a estos bienes y servicios». También indicó que «está reponiendo lo que ya estaba en la ley de Argentina Digital sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2014 y ampliándola a otros servicios como telefonía móvil porque es hoy la mayor herramienta de comunicación que tiene la población».

López explicó, además, que «el precio lo sigue fijando la empresa, pero tiene que ser equitativo y razonable» y sostuvo que «nosotros estamos de acuerdo en que la competencia genera reducción de costos. En ese sentido, indicó que «Arsat ha sido fundamental para la competencia».

Por otro lado, sostuvo que «con el DNU 690/20 y con la ley Argentina Digital estamos en condiciones de regular precios mayoristas en el sentido de competencia, es decir para que no haya un abuso de posición dominante y también precios minoristas aunque en este momento está judicializado esa parte del decreto».
Respecto al caso concreto de la judicialización del DNU 690/20, sostuvo que «hay un sector de la economía en la Argentina que cree que esto debe ser exclusivamente un bien de mercado y no un derecho humano básico. Esto se resolverá en algún momento».

En materia de inversiones, el vicepresidente de ENACOM indicó que «después de la licitación del 4G hubo una fuerte inversión privada en 2016 y 2017» pero hizo hincapié en que «decayó entre 2018 y 2019 y no porque los precios estuvieran regulados. Los precios estuvieron más liberados que nunca».

Asimismo, sostuvo que «se están retomando inversiones por 40 mil millones de pesos» desde el gobierno nacional para seguir desarrollando la fibra federal óptica. En ese marco, recordó que «hasta 2015 la inversión del Estado fue de 3200 millones de dólares aproximadamente en la red de fibra óptica, en los satélites geoestacionales y en la tda» mientras que «en el período 2015-2019 la inversión estatal total fue de 264 millones de dólares y estuvo puesta en la red de fibra óptica».

Por todo esto, consideró que «el DNU 690/20 es un primer paso para romper la brecha digital» y que «da comienzo a una política y a un debate necesario y a seguir ampliándolo para universalizar este derecho».

A su turno, la investigadora del CONICET Dra. Bernadette Califano quien señaló que «hay un gran acuerdo a esta altura en declarar internet como derecho humano puesto que es fundamental para el ejercicio de otro tipo de derechos como la libertad de expresión, a la educación, a la salud, al derecho a la información». «Este es un debate que ya tiene muchos años, que hay muchas declaraciones de principios a nivel supranacional que insta a los Estados a tomar medidas positivas y de intervención positiva para garantizar un acceso a internet asequible y plural», agregó.

Más tarde, el ex secretario de comunicaciones y exvicepresidente de ARSAT Henoch Aguiar quien planteó la importancia de avanzar en una política pública integral en materia de conectividad con mucha inversión en infraestructura y el desarrollo de nuevos jugadores en el mercado, con pymes y cooperativas, que contribuyan a mejorar el servicio y la tarifa. Por ello, se refirió a trabajar también a nivel local en «plan específico diseñado por cada provincia a la medida de su territorio». En ese sentido, aseguró que actualmente muchas provincias que están registrando los mejores datos duros en términos de penetración de internet están superando a otras que en términos económicos registran ingresos per cápita más altos producto de haber avanzado en una política pública provincial en materia de conectividad.

Aguiar se refirió entonces a «una situación de desigualdad entre las diferentes provincias argentinas» en materia de conectividad y remarcó que «esto no tiene que ver tanto con los ingresos per cápita ni el producto bruto de las provincias» ya que tanto «Formosa, Mendoza, San Juan y Santa Cruz tienen accesos fijo a internet por debajo del 40%». Por ello, indicó que «cuando vemos que hay políticas de largo de plazo, cuando vemos la decisión de tomar a la conectividad como una política y un objetivo provincial puede tener resultados que superen a otras provincias más ricas. Sacando el caso puntual de CABA, vemos que San Luis y La Pampa tienen mejor conectividad que el resto, por ejemplo».

En tanto que el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, afirmó que la conectividad cumple un papel «estratégico» en la actualidad y estimó que «por eso tiene que haber inclusión y regulación». También sostuvo que el actual esquema «es un dolor de cabeza para los que pagamos, para los consumidores» y lamentó que «tenemos empresas hoy que no cumplen con una función esencial, que es la responsabilidad social empresaria».  En ese marco, afirmó: «tenemos que regular para que sea universal, inclusivo y que tenga tarifas acordes al ingreso del consumidor».