La Fiscalía de Puerto Madryn avanzó este jueves en la investigación por la brutal agresión sufrida por el árbitro Lautaro Carro el pasado 6 de noviembre, tras un partido de la Liga del Valle. El fiscal Alex Williams, acompañado por la funcionaria de Fiscalía Natalia González, presentó el pedido de apertura de investigación y formuló cargos contra nueve personas vinculadas al Club Defensores de La Ribera.
El episodio ocurrió al finalizar el encuentro disputado en la cancha de J.J. Moreno. Según la presentación judicial, dos jugadores de La Ribera persiguieron al árbitro, lo acorralaron contra el banco de suplentes y comenzaron a golpearlo. Minutos después, se sumaron más futbolistas del mismo equipo, quienes continuaron la agresión con patadas y golpes.
El informe médico constató múltiples lesiones en el cuerpo de Carro. La situación obligó a la intervención inmediata del personal policial presente en el operativo de prevención, que debió aplicar un protocolo antitumultos para resguardar al árbitro.
Durante esas maniobras, uno de los jugadores arrojó una botella contra los efectivos e insultó al árbitro, mientras que un preparador físico del club profirió amenazas.
Quiénes fueron identificados
La Fiscalía imputó a ocho jugadores y a un preparador físico de la institución rawsense. Se trata de Jonathan Catalán, Cristian Ibañez, Agustín y Martín Proboste, Lucas, Cristian y Jonathan Salinas, Milton Bottaro y Nicolás Chávez.
Según el requerimiento fiscal, deberán responder por los delitos de lesiones leves agravadas por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, amenazas y resistencia a la autoridad agravada.
La tipificación se basa en la Ley 23.184 de Espectáculos Deportivos, que contempla agravantes para hechos de violencia dentro o en ocasión de un evento deportivo, con el objetivo de desalentar este tipo de ataques y proteger la integridad de quienes participan.
Qué viene ahora
La audiencia de apertura de investigación quedó fijada para el 4 de febrero, instancia en la que la Fiscalía formalizará los cargos ante los imputados y la jueza Patricia Reyes. Desde ese momento comenzará a correr un plazo de seis meses de investigación, período en el que se reunirán pruebas y testimonios para eventualmente avanzar hacia una acusación formal y la elevación de la causa a juicio.
