Mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el Gobierno anunció una modificación en la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429) que permite a los ciudadanos adquirir, portar y usar armas de uso civil a partir de los 18 años, desplazando el límite previo de 21 años.

La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 1081/2024, argumenta que este cambio busca «armonizar la legislación vigente y reconocer la capacidad de los ciudadanos como legítimos usuarios de armas». El texto lleva las firmas de Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Requisitos y trámites necesarios

El decreto establece que los ciudadanos interesados en obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mayor de 18 años.
• Aprobar un examen psicofísico a través del Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados Psicofísicos (SiAF).
• Declarar el domicilio de guarda de las armas.
• Certificar la inexistencia de antecedentes penales con una certificación actualizada (máximo 60 días).
• Demostrar idoneidad en el manejo de armas mediante un examen práctico certificado por un instructor y una entidad de tiro habilitados.
• Acreditar ingresos, ya sea como empleado, autónomo o jubilado, a través de documentación oficial.

El costo del trámite inicial para la CLU es de 5.000 pesos, mientras que el registro de cada arma y munición asciende a 10.000 pesos. En el caso de la portación de armas, que permite llevarlas cargadas y listas para su uso en espacios públicos, el trámite requiere una justificación escrita de motivos de seguridad, pruebas específicas y un examen de idoneidad adicional. Los costos varían entre 30.000 pesos para portación simple y 60.000 pesos para múltiple.

Cambios en la regulación y contexto

El Gobierno ya había adelantado en mayo su intención de reformar la ley para simplificar los trámites de portación de armas y promover un acceso más ágil y transparente. Esta actualización incluye la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que estará vigente durante los próximos cuatro años. Este programa busca reducir la circulación de armas ilegales permitiendo la entrega anónima para su destrucción sin consecuencias legales para los usuarios.

Desde la cartera de Seguridad, destacaron que estas medidas apuntan a regularizar el uso de armas, combatir a los delincuentes que operan con armas ilegales y garantizar un registro de tenencias más completo y moderno. Además, estiman que actualmente existen más de 800.000 armas de fuego en situación irregular en el país, lo que refuerza la necesidad de avanzar en estas políticas.

La modificación ha generado debate en distintos sectores, tanto por los riesgos que implica la reducción de la edad como por la necesidad de fortalecer los controles sobre la tenencia y portación de armas en Argentina.