La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) continúa su plan de lucha frente al congelamiento salarial y el desmantelamiento del organismo. La decisión fue ratificada por la Mesa Directiva Nacional y el Plenario de Secretarios Generales tras el paro general realizado días atrás, ante la falta de diálogo por parte de la administración. Entre las acciones definidas se encuentran el mantenimiento del estado de alerta y asamblea permanente, jornadas de protesta los días 23 y 29 de abril, y la participación en la movilización convocada por la CGT el 30 de abril, en el marco del Día del Trabajador.

Desde Puerto Madryn, Andrés Molina, delegado regional, explicó que la medida responde a una situación crítica: “Nos cerraron la receptoría de Calafate y de Deseado, y hay oficinas clausuradas en todo el país, con trabajadores en incertidumbre total. Es un ataque directo al organismo y a nuestra tarea de recaudar para sostener al Estado”. El dirigente además remarcó que llevan 14 meses sin aumentos, y que la paritaria permanece bloqueada desde que el sindicato rechazó una oferta del 1% mensual: “Solo logramos sentar a la patronal por la fuerza o por conciliación obligatoria”, indicó.

El conflicto se agrava también por la falta de institucionalidad y el desmantelamiento funcional del organismo. Según Molina, “la patronal actúa de forma unilateral, sin consensuar con el consejo institucional, ni brindar explicaciones a los trabajadores”. En este contexto, la federación FEFRA, que reúne a recaudadores de todo el país, acompaña el reclamo con acciones coordinadas.

AEFIP alerta sobre el impacto del ajuste en el conjunto de los trabajadores, en especial los de la región patagónica, donde los altos costos de vida agudizan la pérdida de poder adquisitivo. “Muchos compañeros jóvenes no pueden sostener sus alquileres. Es una situación insostenible”, cerró Molina.