Un fallo de la Justicia laboral de Rawson ordenó a la aseguradora Provincia ART S.A. indemnizar con más de 93 millones de pesos a un marinero que sufrió un accidente mientras trabajaba en un buque pesquero en febrero de 2025.

El hecho ocurrió el 16 de febrero, cuando el operario realizaba tareas habituales sobre la cubierta de una embarcación de la empresa Costa Chubut S.A. En medio de una maniobra brusca, una estructura se cerró sobre su mano derecha, provocándole una fractura y un traumatismo contuso cortante en el dedo índice.

La sentencia, dictada por la jueza laboral de Rawson Amorina Testino, hizo lugar al reclamo del trabajador, quien había demandado a la ART por considerar insuficiente tanto la atención médica recibida como el porcentaje de incapacidad que se le había reconocido.

Entre los puntos centrales del fallo se destaca la falta de asistencia médica inmediata tras el accidente en alta mar. Según se expuso en la demanda, incluso una vez que el buque regresó a tierra, el trabajador no recibió atención presencial por parte de la aseguradora, que se limitó a indicarle 20 sesiones de kinesiología mediante videollamada antes de otorgarle el alta laboral.

En una primera instancia, la Comisión Médica administrativa había determinado una incapacidad del 1,78%, en base a la cual la ART realizó un pago parcial. Sin embargo, el marinero recurrió a la Justicia al sostener que la lesión afectaba de manera significativa su capacidad laboral.

Durante el proceso judicial, un perito médico constató que el trabajador presenta una “limitación funcional significativa”, ya que no puede realizar una empuñadura completa ni una pinza eficaz con su mano hábil. En función de estas conclusiones, y teniendo en cuenta que la actividad requiere destreza manual y fuerza de prensión, la magistrada fijó la incapacidad definitiva en un 11,99%.

Además, la jueza declaró la inconstitucionalidad de normas que buscaban congelar los montos indemnizatorios, como el DNU 669/19, al considerar que perjudican a los trabajadores en un contexto inflacionario.

Como resultado, ordenó a la ART el pago total de 93.429.080,59 pesos por todo concepto. En su resolución, Testino subrayó que las aseguradoras deben responder por la capacidad residual real del trabajador, garantizando una reparación económica acorde al daño sufrido en el ámbito laboral.