La causa por la denominada “estafa de los lentes” en Puerto Madryn podría encaminarse hacia una salida alternativa. Según confirmó el abogado querellante Héctor Vargas, la Fiscalía analiza la posibilidad de avanzar con una suspensión de juicio a prueba, luego de no poder acreditar la participación de una tercera persona que permitiera encuadrar el hecho como asociación ilícita.
La investigación se inició tras una serie de denuncias contra un hombre acusado de ofrecer controles visuales y vender anteojos que nunca fueron entregados. En su momento, la causa tuvo como principal imputado a Facundo Nahuel Insúa, quien fue detenido fuera de la provincia y quedó vinculado a múltiples presentaciones judiciales.
De acuerdo a lo explicado por Vargas, la defensa del imputado solicitó formalmente la suspensión de juicio a prueba —conocida como “probation”— y el Ministerio Público Fiscal se encuentra evaluando esa alternativa.
“La Fiscalía esperaba poder dar con una tercera persona para agravar la calificación legal como asociación ilícita, lo que hubiese implicado una pena mayor. Al no poder acreditar esa participación, entiende que la vía más efectiva sería una suspensión de juicio donde el imputado asuma la responsabilidad y repare económicamente a las víctimas”, señaló el abogado.
Actualmente, en la acusación fiscal figuran 36 personas identificadas con nombre y apellido, que acreditaron las transferencias realizadas al acusado. Esas serían, en principio, las víctimas alcanzadas por la eventual reparación económica.
Uno de los puntos centrales es la actualización de los montos. Según detalló Vargas, los pagos realizados por los damnificados —entre 40 mil y 80 mil pesos en diciembre de 2024— hoy quedaron desfasados por el impacto inflacionario.
“El monto total todavía no está definido. Hay distintos importes según cada caso y deberá evaluarse cómo se instrumenta la reparación”, explicó.
La suspensión de juicio a prueba implica que el imputado reconoce el hecho, se compromete a reparar el daño económico y debe cumplir determinadas reglas de conducta durante un plazo fijado por la Justicia. Si incumple, el beneficio puede revocarse y el proceso penal continúa.
La postura de los vecinos
La aceptación de las víctimas no es jurídicamente vinculante, aunque puede ser considerada por el juez al momento de resolver. “Puede haber vecinos que estén de acuerdo y otros que no. La oposición debe ser fundada, pero no es determinante en sí misma”, aclaró el letrado.
Desde el grupo de damnificados, Antonella —vecina que ofició como vocera— consideró que la propuesta representa, al menos, una posibilidad concreta de recuperar parte del dinero perdido. “Sabemos que no tiene el mismo valor que en su momento, pero es una buena noticia que puedan recuperar algo y que esta persona reciba un castigo”, expresó.
La definición final quedará en manos de la Justicia, que deberá evaluar si homologa la suspensión de juicio a prueba y en qué condiciones. Mientras tanto, la causa que conmocionó a decenas de familias madrynenses entra en una etapa decisiva.
