Con el objetivo de delinear las líneas de trabajo para el año, el Consejo Municipal de Discapacidad de Puerto Madryn mantuvo una reunión extraordinaria en la que se establecieron los principales ejes de acción: salud, educación y transporte. También se continuará con el abordaje de temáticas vinculadas al empleo y a propuestas para modificar ordenanzas locales.

Durante el encuentro se conformaron comisiones específicas para cada una de las áreas prioritarias. Estas tendrán la tarea de realizar un diagnóstico y establecer los principales puntos de mejora, con el fin de trabajar de forma organizada y avanzar en acciones concretas a lo largo del año.

Uno de los temas centrales fue el uso del transporte público por parte de personas con discapacidad. En particular, se discutió la problemática del certificado que actualmente emite la empresa concesionaria Ceferino para acceder al beneficio del boleto gratuito. Desde el Consejo se remarcó que la normativa nacional establece que el único requisito válido para viajar es el Certificado Único de Discapacidad (CUD) junto al DNI, por lo que no debería ser necesaria ninguna credencial adicional.

“El certificado que entrega la empresa no tiene plazos uniformes de renovación y no está respaldado legalmente. Esto genera desigualdad y obstáculos innecesarios”, explicaron desde el Consejo. También se indicó que la empresa justificó el uso de este carnet ante la falta de implementación del sistema SUBE en la ciudad, aunque esa situación ya lleva varios años.

Además, el Consejo Deliberante enviará una nota formal al Consejo Municipal de Discapacidad para solicitar su opinión sobre el tema. Aunque esta no sea vinculante, desde el organismo aseguraron que estará “fundamentada en el marco de los derechos de las personas con discapacidad”.

En cuanto a los pasajes de larga distancia, se reconoció que también existen dificultades, especialmente para los acompañantes. Si bien no fue tema de esta reunión, se acordó que será incorporado a la agenda de trabajo, teniendo en cuenta que corresponde a una jurisdicción nacional.

Desde el Consejo se enfatizó que cualquier solución debe basarse en el respeto a la ley y en la equidad: “Todas las personas deben tener el mismo derecho a acceder al transporte. No se trata de un favor, sino de una obligación legal”, expresaron.

Por último, se remarcó la importancia de fortalecer el diálogo con el Ejecutivo y con las empresas prestatarias del servicio, a fin de avanzar en propuestas concretas que garanticen la accesibilidad y el cumplimiento de los derechos.